GANDIA, 29.05.2014
Cuando una persona está segura de sus decisiones y le respalda su moral y su criterio y a esto le suma el apoyo de la opinión de los asesores, los mil y uno que pueda tener para cada paso que dé y le acompañan en sus actuaciones como responsable político de un municipio, la cobardía no se acepta.
No. O al menos no se puede entender con normalidad. Y menos una decisión tomada contra un grupo de personas, después de años de lucha y sin buscar ningún acto de conciliación que permitiera a todo el mundo sentirse un poco menos usurpado en sus derechos.
Las educadoras de la red de "escoletes" de Gandia, que pasó de gestión pública a privada con la llegada del actual gobierno despótico de la ciudad, recibieron ayer, mediante una notificación entregada por la Policía Local, su despido. Su segundo despido. Después de que los tribunales les dieran la razón por segunda vez en tres años de proceso y de que obligara al gobierno de Gandia a readmitir a las educadoras, el ejecutivo encabezado por Arturo Torró ha pedido a la Policía Municipal que hiciera la entrega de la notificación de sus decisiones en forma de sobre (sin sobresueldo ni promesa de "otro puesto para más adelante, digamos para cuando falte poco para las elecciones, allá por el mes de mayo de 2015") y con la alevosía de un despido que ya se temía por parte de las afectadas desde hacía semanas.
Los grupos políticos presentes en el consistorio gandiense de la oposición han manifestado su apoyo a las víctimas de esta última acción del alcalde y de su equipo de gobierno. Además han coincidido en indicar que de volver a gobernar, las educadoras recuperarían su puesto de trabajo y que la titularidad de la red de las "escoletes" volvería a ser de gestión pública.
Diana Morant, concejala del PSPV-PSOE, declaraba que "lo que está haciendo el gobierno de Gandia con las educadoras de las "escoletes" es miserable y sádico. Hoy la policía ha ido a sus casas para notificarles el nuevo despido, de nuevo ilegal, como si fueran delincuentes. Nadie merece ese trato, mucho menos unas trabajadoras honradas y ejemplares. Todo mi apoyo y cariño hacia ellas".
Por su parte Compromís ha señalado que lo que piden las trabajadoras es "completamente justo, legal y fruto de sentencias judiciales", según su concejal Facund Puig. Además Puig, ha manifestado su rechazo a la situación de "tensión extrema" que ha provocado el alcalde respecto a las educadoras a lo largo del proceso judicial, con diferentes "trabas, primero para su reincorporación, luego para su integración efectiva en sus puestos de trabajo" (cabe recordar que las envió un mes de vacaciones forzosas, hasta que las pudiese reubicar en algún sitio y parece ser que finalmente las ha reubicado en la cola del PARO, como a muchos otros trabajadores de Gandia, entre los que algunos, es probable que hubiera quein creyó aquello del "Ahora Empleo" de la campaña electoral de 2011) y por último con un nuevo despido sin la intención de indemnizarlas por esta nueva falta de cumplimiento de una sentencia judicial.
Después de la exposición de estos hechos y a la vista de como se ha actuado, con la Policía Local incluida en este sainete de mal gusto que acabará con sufrimientos, pero esperemos que con justicia y lo más pronto posible, cabe preguntarse qué tipo de criterio tiene el gobierno de Gandia para aceptar las decisiones judiciales. Si muestran la cara A, de no aceptarlas. Véase el caso de las educadoras. O muestran la cara B, la de actitud de aceptación (cuando no les afecta a ellos directamente, al PP de Gandia digo, porque al PPCV, les da de lleno) en casos que dicen acatarlas.

Véase como ejemplo el de la cúpula del caso Cooperación, en la que el "jefe" de la trama era Rafael Blasco quien fuera consejero del presidente de la Generalitat Valenciana, Paco Camps (Blasco ha sido condenado este miércoles, junto a otros 5 cargos públicos, dos dirigentes de una fundación y un empresario muy ligado a él a ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación absoluta por malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y delito continuado de falsedad documental oficial. En 2011, Blasco compartía foto y mitings con Arturo Torró. Y además ese mismo año fue nombrado "Militante Ejemplar" por el Partido Popular).
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| Manifestación en apoyo a las educadoras en un pleno municipal en el salón de actos del Ayuntamiento de Gandia. |
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| Las educadoras afectadas por la decisión del gobierno de Gandia con representantes del sindicato de UGT. |
Dé la cara señor Torró y si tiene que comunicar las decisiones, injustas, ilegales y antisociales a la ciudadanía, notifíquelas usted, a la cara, sin miedo, sin cobardía.
P.D. Una recomendación desde mi humilde opinión y posición: Busque un hueco en su agenda y siéntese a hablar con aquellos a los que está afectando con sus decisiones ( en general a la mayor parte de la ciudadanía, pero vaya usted por grupos que si no se le acumularán en el pleno los temas, los grupos descontentos y los "antisistema").
P.D. Y busque nuevos amigos para hacerse la foto, para dentro de unos 358 días (ya está en marcha la cuenta atrás y la han puesto los ciudadanos...) porque la campaña para las elecciones municipales ya ha empezado, no podrá constar sólo de insultos y desprestigios inventados y algunos de sus rivales ya han movido ficha.


























